YPF: Una cuestión de estado (carta de lectores)

En estos días el Congreso de la Nación Argentina está tratando un proyecto de ley, enviado por el poder ejecutivo, con la expropiación de parte del paquete accionario de YPF, y dentro de la UCR han salido voces disidentes con respecto a la posición que adoptaran los bloques de legisladores nacionales en conjunto con el comité nacional.

Aclaremos entonces cual ha sido esa posición en la que se acompaña al proyecto del ejecutivo en general pero se hacen una cantidad de modificaciones sustanciales en la votación en particular.

En primer lugar el proyecto de la UCR dispone la Nacionalización de YPF S.A. a través de la recuperación de la propiedad y el control del cincuenta y un por ciento (51%) del paquete accionario de la empresa por parte del Estado Nacional, autorizándose al Poder Ejecutivo Nacional a adquirir dicho paquete accionario de la empresa YPF S.A. representado por las acciones Clase “D” de dicha empresa que pertenecen a Repsol YPF S.A. y a Petersen Energía S.A., en la proporción de sus respectivas participaciones accionarias, dándole un plazo de sesenta (60) días corridos para concretar el proceso de negociación para la compra del paquete accionario garantizando el interés económico, financiero y público del país y teniendo en cuenta los antecedentes referidos a las acreencias o derechos a favor del Estado Argentino por incumplimientos contractuales o de obligaciones de las empresas precitadas a los efectos de la determinación del justo precio.

Como segundo paso se declara la utilidad pública a los efectos de su expropiación, del cincuenta y uno por ciento (51 %) del paquete accionario de YPF S.A. representado por las acciones Clase “D” que pertenecen a Repsol YPF S.A. y a Petersen S.A., en la proporción de sus respectivas participaciones accionarias, y en los términos de la ley 21.499, en caso de no lograrse la adquisición consensuada, habilitándose al Poder Ejecutivo Nacional como sujeto expropiante.

Primeras dos grandes diferencias entonces, por un lado se intenta una compra de las acciones y ante el fracaso de esa negociación y pasados 60 días, se decide la expropiación, por otro lado tanto la compra como la expropiación se realizan a ambas empresas en forma proporcional hasta alcanzar el 51% de las acciones y de esa forma el control accionario de YPF, pero sin discriminar entre ambas empresas, las actuales propietarias ya mencionadas.

Esto presupone una gran diferencia con el proyecto oficial, ya que se cumplen con todos los pasos y condiciones legales para evitar o disminuir la posibilidad de cualquier tipo de reclamos judiciales de las empresas afectadas, dando un marco de mayor seguridad jurídica.

Por otro lado el proyecto de la UCR plantea que el Poder Ejecutivo Nacional instrumentará todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos y el endeudamiento de YPF S.A. que hubieran sido generados por las operaciones normales de Repsol YPF S.A y Petersen Energía  S.A., de aquellos pasivos y endeudamiento que se hubiesen originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores.

Asimismo, se presentará en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios o los administradores de dichas empresas hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad o los delitos de evasión fiscal originados en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias; y denunciará los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento por dicha gestión.

A los fines de la recuperación del patrimonio afectado por la eventual mala gestión, dolo o culpa de los administradores iniciará las acciones civiles y comerciales que correspondan y además se creara en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión Bicameral Investigadora para la verificación del cumplimiento de la normativa vigente y la determinación del valor actual de la empresa YPF S.A.

De esto el proyecto oficial no habla una sola palabra, haciéndose cómplice, como de hecho lo son, en el vaciamiento de YPF, tal cual lo reflejara el vice ministro de economía en su intervención pública en el senado de la nación.

El proyecto de la UCR propone que YPF S.A. quede sujeta al control externo de la Auditoría General de la Nación en los términos del inciso b) del artículo 8º de la Ley 24.156, nuevamente el proyecto del oficialismo no prevé absolutamente nada como si a futuro se quisiera repetir la historia de estos últimos 8 años en donde se intento destruir a la empresa insignia de la republica argentina.

Por otro lado el proyecto de la UCR propone la creación de la Agencia Federal de Hidrocarburos, que será un ente autárquico, conducido por un directorio de cinco miembros que deberán ser reconocidos especialistas en el tema, nombrados por el poder ejecutivo, y que tendrá a cargo todo el desarrollo y control de la política hidrocarburífera del país, tal cual sucede en otros países vecinos exitosos en su política petrolera como la Agencia Nacional de petróleo, gas natural y biocombustibles de Brasil o como las agencias nacionales de hidrocarburos de Bolivia y Colombia.

Con todas estas diferencias marcadas en este proyecto alternativo de la UCR, uno podría plantearse porque votar en general el proyecto oficial, creo que la respuesta se enmarca en dos cuestiones de gran importancia.

En primer lugar, la decisión de recuperar YPF como herramienta del estado nacional para conducir la política energética es, a pesar de las diferencias ya mencionadas, en cuanto a los medios para lograrla, una decisión estratégica que hace a una política de estado que trasciende cualquier gobierno, y mal haríamos los radicales en confundir a este gobierno ineficiente, con el estado nacional, que es de todos los argentinos.

A pesar de que ellos mismos privatizaron YPF, permitieron el vaciamiento y nos llevaron a la pérdida del autoabastecimiento, por falta de una política coherente en el campo energético, a pesar de que con esta sola medida no alcanza para solucionar los problemas del país, a pesar de que este gobierno ha demostrado largamente su inconsistencia y desidia no solo en la cuestión energética, sino también en la construcción de viviendas sociales, permitiendo que Schoklender se enriqueciera con dineros públicos, que en lugar de terminar en casas, terminaron en yates, autos de lujo y departamentos, o en la cuestión transporte, donde la falta de controles e inversión no solo produjeron el accidente de once, sino que hacen que los trabajadores sean transportados todos los días como ganado, y así con otras tantas cosas que podríamos mencionar, pero a pesar de todo eso, nosotros, que luchamos arduamente para que la entrega no se concretara, que denunciamos reiteradamente y hasta el cansancio hacia donde nos llevaba el capitalismo de amigos de este gobierno, que sabemos que para recuperar el autoabastecimiento hace falta además un plan serio de negocios y modificaciones sustanciales al marco regulatorio actual, no podemos desde la UCR entregar la bandera de la recuperación de la empresa que nunca debió dejar de ser estatal.

En segundo lugar porque ambos proyectos de ley contemplan que se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones compradas o expropiadas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros, y esto nos permite asegurar a las futuras generaciones que será muy difícil que se vuelva a cometer el tremendo error que cometieron Menem, Kirchner y compañía, poniendo la soberanía energética en manos extranjeras.

Por eso, a pesar del tinte nacionalista, demagógico, y populista que el gobierno nacional le ha imprimido a la medida, a pesar de que los interventores mencionados son los mismos que debieron impedir el vaciamiento de la empresa, a pesar de que YPF no es hoy lo que los radicales junto al pueblo argentino supimos construir hasta 1992, a pesar de los riesgos internacionales que genere la medida, que no nos amilanaron cuando anulamos los contratos petroleros junto a IIlia, la UCR no puede votar de otra forma que no sea por la aprobación en general de la ley de nacionalización de YPF, y no por seguidismo de encuestas, sino precisamente por los principios que siempre ha enarbolado nuestro partido.

Alejandro Armendáriz.