De nuestra editorial: el caso de la renuncia de Santiago Montoya

Que un gobernador, como en este caso lo es Daniel Scioli, pueda disponer de sus funcionarios designados es una atribución que bien puede ejercer. Eso está fuera de duda.

Pero lo llamativo del pedido de renuncia al recaudador Santiago Montoya es que el mismo no se da por cómo viene realizando sus funciones en la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), tarea de la cual hasta el momento no había merecido nunca observaciones por parte de Scioli. Por tanto queda claro que su renuncia es por motivos externos a su gestión. Mucho más, si vemos que Montoya procede de una gestión anterior (la de Solá) y que fue el propio Scioli el que le pidió que se quedara, o mejor dicho que fuera su funcionario para un asunto específico como es la recaudación.

Podrá ser discutible sobre si está bien -o no- que un funcionario exprese declaraciones contrarias al manejo que se viene haciendo en un aparato político que es exterior al estado (o al menos se supone que debe serlo). Pero sí algo está claro: y esto es el manejo político que se busca hacer sobre los funcionarios de una gestión, a los cuales el propio gobierno parece querer juzgarlos por lo que dicen o declaran sobre otros temas y no por cómo vienen trabajando.